Se señala que no se procederá penalmente en contra del farmacodependiente o consumidor que se le encuentre en posesión de algún narcótico para su consumo personal, siempre y cuando no exceda de las cantidades que para el efecto se establecen en esta norma.

El mismo procedimiento se aplicará a quienes acrediten que el consumo se realiza con motivo de ceremonias, usos y costumbres de los pueblos indígenas, así reconocidos por éstos.

Tampoco se procederá penalmente en contra de la persona que posea medicamentos que contengan sustancias clasificadas como narcóticos, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos de adquisición para el tratamiento de quien lo posea o a otras sujetas a su custodia o asistencia.

Asi mismo se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos.

Cuando la víctima fuera menor de edad o no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente, o aquella que fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Todo esto puede ser modificado

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