Patrimonio Cultural en riesgo

Carmen García Bermejo

Probablemente con la intención de “dejar huella” de sus seis años como legislador, pero sin reparar en las severas consecuencias de sus acciones, el panista Mauricio Fernández Garza presentó a la Cámara de Senadores, para su análisis y aprobación, una iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Respaldada en su inicio por las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD) y Del Trabajo (PT) en las comisiones de Patrimonio Histórico y Cultural, y De Cultura, el proyecto ha sido, sin embargo, impugnado por especialistas y diversos sectores de la sociedad quienes consideran que lejos de mejorar el marco jurídico que protege el patrimonio cultural de los mexicanos, implica un retroceso de graves consecuencias.

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación es obra del panista Mauricio Fernández Garza, actual presidente de la Comisión de Cultura, quien, no obstante, la presentó ante el pleno del Senado como una propuesta consensada y apoyada por senadores de los distintos grupos parlamentarios.

La iniciativa ingresa al Senado con el propósito de ser estudiada y enriquecida en el seno de las comisiones para su aprobación y con el compromiso de abrir la discusión sobre el tema a nivel nacional.

La intención de la nueva legislación es derogar la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el argumento de que ésta “ha quedado rezagada ante la dinámica del desarrollo social”.

El proyecto pretende, además, modificar las leyes orgánicas de los institutos nacionales De Antropología e Historia (INAH) y De Bellas Artes y Literatura (INBA); concesionar las zonas arqueológicas, monumentos históricos, patrimonio paleontológico, etcétera; reformar la fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución y dar un marco jurídico al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Dado su contenido y la forma como se presentó al Senado, la iniciativa de ley generó de inmediato la polémica entre investigadores, académicos, trabajadores del INAH, INBA, UNAM, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y otros sectores de la sociedad relacionados con la defensa del patrimonio cultural.

El proyecto, sostienen, coincide con la política diseñada dentro del Programa de Cultura 1995-2000, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del presidente Ernesto Zedillo, en el que propone el “análisis del marco legal de la protección del patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico y artístico del país a fin de fortalecer dicha tarea y responsabilidad social, y la elaboración de normas técnicas y reglamentos para la preservación y revitalización de zonas de monumentos históricos y artísticos”; como si la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas vigente no considerara estos aspectos.

Así, la intención de modificar la actual ley no sólo es una propuesta que surge del senador Mauricio Fernández Garza —considerado uno de los coleccionistas de arte colonial, contemporáneo y prehispánico más importantes del país—, sino del propio Ejecutivo federal a través del presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa; y de los directores del INAH e INBA, María Teresa Franco y Gerardo Estrada, respectivamente. Es por ello que desde el 17 de marzo —un mes antes de que los senadores presentaran la iniciativa (28 de abril)— la titular del INAH anunciaba como actividad prioritaria dentro del programa de trabajo de esta institución para 1999 “tener listo un conjunto de propuestas para reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas… con la intención de fortalecer el marco legal”.

En esa ocasión, María Teresa Franco —quien lleva siete años al frente de la institución— agregaba: “son muchos años de pensar el tema y se han desarrollado reuniones con representantes sindicales, con la comunidad cultural de todo el país y cerca de 200 entrevistas para reunir un conjunto de consideraciones que permitan reformar el marco legal que protege el patrimonio cultural”.

Sin embargo, cuatro meses después de estas declaraciones y debido a que los primeros en organizar las mesas de discusión sobre la iniciativa para una nueva Ley Federal del Patrimonio Cultural no fueron los senadores, sino los propios funcionarios del INAH, las delegaciones sindicales de Académicos y de Administrativos, Técnicos y Manuales (ATM) de esa institución solicitaron al secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, la destitución de María Teresa Franco (16/julio/1999) por aplicar una política “privatizadora del patrimonio cultural”, impulsada junto con el presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa.

Patrimonio como mercancía

Debido a que la iniciativa de ley de los senadores y la intención del Ejecutivo se hermanan para modificar la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; antropólogos, historiadores, arqueólogos, etnólogos, lingüistas, restauradores, etnohistoriadores, asociaciones civiles, sindicatos de educación superior, abogados democráticos, trabajadores administrativos, técnicos y manuales del INBA e INAH, así como investigadores de la UNAM, han realizado diversos análisis en los que se hacen evidentes las deficiencias y errores de la iniciativa de los senadores y la intención real de los funcionarios del subsector cultura de concesionar el patrimonio a particulares.

Para la delegación sindical de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, por ejemplo, las causas en las que los legisladores sustentan la iniciativa de ley carecen de fundamento porque declaran, pero no comprueban, la obsolescencia de la actual Ley Federal y ocultan así una realidad demostrable: su falta de aplicación cabal por parte de los funcionarios correspondientes.

En un documento entregado a la Cámara de Senadores, el Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia destaca que el proyecto aduce una supuesta caducidad del INAH, omitiendo reconocer que un debilitamiento deliberado, paulatino y sistemático ha venido limitando a esa institución desde hace quince años y agrega:

Se atribuye la falta de participación de estados y municipios a una supuesta deficiencia de la Ley Federal vigente, pero ésta sí la contempla mediante el Consejo Nacional Consultivo y los Consejos de Áreas. Los autores de la iniciativa no reconocen que la causa que ha limitado la intervención del INAH es la ausencia de políticas, planes, programas y convenios.

Lejos de constituir una demanda generalizada de la población, la iniciativa de ley responde realmente a los intereses de un grupo minoritario del poder político y económico representado en el Senado. Consideramos que la aprobación de ese documento sería un retroceso porque plantea la abrogación de una Ley Federal probada en los hechos y reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas.

Además, porque pretende desintegrar a una institución científica (el INAH) despojándola de sus funciones sustantivas (investigación y docencia) y la convierte en una dependencia que tiene como eje de su actividad una supuesta salvaguarda mediante la concesión del patrimonio cultural.

En esa dinámica de análisis, la delegación sindical de ATM del INAH, también manifiesta su rechazo a la iniciativa de Ley de los senadores porque considera que dicha propuesta elimina el objeto social y la utilidad pública del patrimonio cultural; establece las bases para la comercialización y privatización de los monumentos arqueológicos (artículos 29, 30, 33 y 67 de la iniciativa); otorga al coleccionismo un papel fundamental para el “acrecentamiento” del patrimonio cultural, lo cual impulsa el saqueo arqueológico y relega el conocimiento de los especialistas y profesionales del INAH a un papel asistencial para las decisiones políticas que tomarán en el propuesto Consejo General del Patrimonio Cultural de la Nación y el Consejo del INAH.

La delegación sindical de ATM agrega que la iniciativa de Ley también suprime la rectoría federal en materia de conservación y preservación del patrimonio cultural; y prepara la posible desaparición de las escuelas nacionales De Antropología e Historia, y De Conservación y Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Con la propuesta de los senadores, expresa, desaparece la conservación y preservación de documentos originales, así como de expedientes de la Federación, de los estados, municipios y de las casas curiales, al tiempo que cancela toda obligación con el muralismo mexicano. Además, con base en los artículos 8 y 9 de la citada iniciativa se facilita la disociación de la cultura y la educación, sustituyendo la visión social por una perspectiva individual y mercantilista, lo que abre las puertas al distanciamiento de los mexicanos con respecto a su patrimonio y a su identidad cultural.

Iniciativa ambigua

Por el contrario, sostienen los trabajadores del INAH, la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos tiene como objetivo prioritario mantener el carácter social y la utilidad pública del patrimonio cultural. Además, considera la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal para la conservación y protección del patrimonio; establece a los museos como un medio de divulgación de la cultura en estrecho nexo con el proyecto educativo nacional y otorga un lugar prioritario a la investigación y la formación de profesionales.

En ese sentido, la investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, Emma Marmolejo, explica que la iniciativa de Ley de los senadores plantea la modificación de la fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución para eliminar el carácter federal en materia de legislación sobre patrimonio cultural y transferir esa capacidad a los secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales de las entidades federativas, y suprime, asimismo, la rectoría de criterios académicos supeditando el patrimonio a intereses políticos y mercantiles.

“Nosotros rechazamos la iniciativa —afirma Marmolejo— porque además incluye en una Ley General el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, científico, tecnológico e intelectual sin reparar en sus particularidades, desde su propia definición hasta su posesión, custodia y régimen de propiedad; suscitando así la evidente ambigüedad y contradicción de las disposiciones de dicho proyecto. Limitar el registro de monumentos, muebles e inmuebles a una mera inscripción como tarea estadística denota el desconocimiento del proceso de investigación que sustenta al patrimonio”, advierte.

La también arqueóloga agrega que ahora se pretende transformar al INAH y reducir sus funciones a un ámbito técnico-consultivo, lo cual significa menospreciar sesenta años de experiencia y el desarrollo técnico-metodológico de las disciplinas antropológicas, así como la formación de profesionistas en la materia.

Precisa que, por otra parte, señalar las condiciones para el “aprovechamiento, disposición, custodia y resguardo de los monumentos arqueológicos y alentar al buen coleccionista” (artículos. 29 y 68 de la iniciativa) implica un retroceso del marco legal para la protección del patrimonio cultural, ya que en esa propuesta de nueva ley se confunden los materiales arqueológicos con el concepto “patrimonio arqueológico”, ignorando así su verdadero sentido que consiste en la interpretación histórica develada sólo a través de los vestigios materiales como productos de un desarrollo social determinado.

“Reducir las evidencias arqueológicas a simples objetos de colecciones enajenables y subsumidos en un circuito de consumo conlleva al saqueo, a la reproducción ilegal y a alimentar el mercado negro de piezas arqueológicas nacional e internacional. En todos los casos, el coleccionismo propicia la destrucción irreversible de las zonas arqueológicas y sus monumentos y desarticula los bienes culturales de la posibilidad de interpretación fundamental inherente a la valoración histórica porque impulsa un acrecentamiento de objetos arqueológicos, descontextualizándolos en detrimento del significado como integrador de la identidad nacional”.

La privatización

A esta postura se suman los investigadores, administrativos, técnicos y manuales del Instituto Nacional de Bellas Artes, sobre todo porque la iniciativa de Ley de Patrimonio Cultural de la Nación pretende desmantelar a esta institución para crear dos mini-institutos nacionales del INAH: el Consejo General de Patrimonio Cultural de la Nación y el Comité Permanente de Protección y Acrecentamiento del Patrimonio Cultural de la Nación.

Los trabajadores de esta dependencia consideran que con la creación de ambas figuras desaparecerían las leyes orgánicas que dieron origen al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al INBA, así como sus respectivas facultades y atribuciones. De esta manera, se favorecería la explotación comercial del patrimonio cultural mediante el otorgamiento de concesiones, situación que de una u otra manera se ha propiciado desde hace diez años con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, transgrediendo la legislación vigente.

Para la investigadora de música del INBA Xochiquetzal Ruiz, la iniciativa de ley que ahora presentan los senadores es la expresión máxima de la línea privatizadora del actual régimen, misma que ha tenido como objetivo violentar todos y cada uno de los principios rectores de la política cultural que se planteó en 1946 cuando se instituyo el INBA, creando para tal efecto el Conaculta.

“Desde 1995 —sostiene Ruiz—, Mauricio Fernández Garza, el senador panista que pasará a la historia como el ideólogo de la política privatizadora en materia cultural, expuso con claridad la intentona del gobierno de Zedillo: fulminar los institutos nacionales De Antropología e Historia, y De Bellas Artes y Literatura, ya que decía que habían nacido de gobiernos postrevolucionarios y que ‘con las nuevas realidades del país ya no tienen razón de ser’.

“Otro propósito —señala— es dar paso también a la comercialización del patrimonio cultural y negar el papel rector del Estado en esta materia. Si bien en ese entonces, Rafael Tovar y de Teresa, titular del Conaculta, se deslindó de las posiciones del legislador panista, en realidad lo que hemos visto en los últimos años ha sido la puesta en marcha de manera soterrada de los planes privatizadores. La mancuerna ha funcionado: el panista se avienta el paquete de hacer públicos los planes, aguantando las críticas, y Tovar y de Teresa, sin comprometerse públicamente, los lleva a cabo”.

Ruiz comenta que de esa manera, el INBA ha sufrido los intentos de desalojo del Conservatorio Nacional de Música de su sede original (Polanco); la amenaza de desaparecer la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello y la secundaria del Centro de Desarrollo Artístico Diego Rivera. Explica que a esta situación hay que agregarle las características de la constitución del Centro Nacional de las Artes, un organismo que no depende del INBA aún cuando la legislación establece que todo organismo creado por la federación en materia artística debe pertenecer al INBA. Todo esto, además del intento de privatizar la Unidad Artística y Cultural del Bosque.

“Pero también —dice— se han ido concesionando los recintos culturales del país a los ‘empresarios del entretenimiento’: los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social al actor Jorge Ortíz de Pinedo; las salas cinematográficas a las cadenas Cinemax, Cinemex y Cinépolis, y el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes a la empresa Ocesa.

“Por ello —advierte— los trabajadores del INBA decimos que la iniciativa de Ley de Patrimonio Cultural no es el único paso en las políticas neoliberales con respecto a la cultura. La diferencia que marca esta propuesta —apoyada en un primer momento por las cuatro fracciones parlamentarias de la Cámara de Senadores y todo el tiempo por el gobierno zedillista a través de los funcionarios del Conaculta, INAH e INBA— es que a través de ella los empresarios buscan incidir en el ámbito cultural mediante la obtención de concesiones de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos y todo aquello que pueda generales jugosas ganancias”.

Xochiquetzal Ruiz agrega que ante este panorama, es necesario consolidar las instituciones culturales del país haciendo cumplir el marco jurídico actual, para evitar que la ley responda a los intereses del gobierno en turno y sus amigos los empresarios, y sí a las necesidades de la sociedad mexicana.

Defensa de la identidad

El rechazo a la iniciativa de Ley y a las acciones que, paralelamente, llevan a cabo los funcionarios del Conaculta, INBA e INAH en coordinación con algunos gobiernos estatales para modificar la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, se ha extendido entre los más amplios sectores de la población. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES) —que agrupa a las organizaciones gremiales de la UNAM, Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Ibero Americana (UIA), Universidad de Chapingo, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre otros— considera que en la propuesta de los senadores desaparece el objeto social de la ley y el concepto de patrimonio cultural de uso común y dominio público, inalienable e imprescriptible.

En su lugar, sostiene, se abre la posibilidad de que intereses de personas físicas y morales puedan utilizar el patrimonio como objeto de lucro desvinculado de los procesos sociales que le dieron origen.

“La citada iniciativa de Ley —dice Bulmaro Villarruel vocero en turno de la CNSUES— pretende que los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos sean aprovechados por quienes tengan amplios recursos financieros, consorcios internacionales que lucrarán con nuestra cultura e historia.

“Por ello decimos que dicha propuesta atenta contra la identidad de los mexicanos permitiendo que los símbolos patrios sean utilizados como fetiches publicitarios de las grandes transnacionales, como ha ocurrido ya en el caso de Luciano Pavarotti en ChichénItzá, Andrea Bocelli en el Fuerte de San Juan de Ulúa, la histórica Fábrica de Río Blanco convertida en el hotel de cinco estrellas El Aguila y el Palacio de Bellas Artes, convertido en escaparate de joyeros internacionales. Por ello nuestro rechazo a la iniciativa de los senadores y el respaldo al cumplimiento y respeto de la actual legislación”.

En este contexto, el 5 de junio, cuarenta y seis organizaciones sociales de diferentes estados del país, ciudadanos y algunos legisladores, conformaron el Frente Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural mediante el cual se coordinan las actividades tendientes a impedir que dicha iniciativa de ley se apruebe. Sobre todo, porque los integrantes de esta asociación civil consideran que dicha propuesta legislativa engrana en el marco de las acciones que el Ejecutivo federal impulsa como política de Estado desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

Pero mientras este movimiento se gesta y el rechazo a la iniciativa se incrementa, el senador Mauricio Fernández Garza sigue comentando en foros públicos que “los mexicanos no tienen una definición (sic) clara del patrimonio que quieren o deben proteger” y por ello manifiesta la “conveniencia” de que la iniciativa privada invierta en la conservación del patrimonio de los mexicanos.

Sin embargo, el legislador panista omite expresar que los empresarios hacen negocios para obtener ganancias y que su inversión en los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos no será sólo para salvaguardarlos, sino para beneficios particulares.

• Reportera del IERD.

Escuchando CLASSIC GUITAR-ERIC CLAPTON , me siento Indignado
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